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La provincia de Cádiz presenta un ecosistema de investigación y ciencia que, a diferencia de otros territorios, no se articula en torno a un único parque tecnológico, sino que basa su fortaleza en un modelo multipolar y altamente especializado. La generación de conocimiento tiene su epicentro en la Universidad de Cádiz (UCA), que ha logrado una posición de referencia internacional en campos muy concretos, destacando su liderazgo en la economía azul a través del Campus de Excelencia Internacional del Mar (CEI·MAR). Los activos científicos de la provincia no están en un solo recinto, sino distribuidos en potentes clústeres industriales: el sector naval (con Navantia a la cabeza en la Bahía), el aeroespacial (con Airbus y su industria auxiliar) y el logístico-portuario, centrado en el Puerto de Algeciras, uno de los más importantes del mundo.

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Esta estructura industrial, donde grandes empresas tractoras (muchas de ellas públicas o semi-públicas) conviven con la UCA, crea un escenario idóneo para la Compra Pública de Innovación (CPI), aunque esta no siempre se visibilice bajo esa etiqueta. La trayectoria de la provincia está marcada por la innovación industrial impulsada por grandes contratos públicos. El caso más paradigmático es el sector naval: cuando el Ministerio de Defensa encarga a Navantia (empresa pública) el desarrollo de una nueva generación de fragatas, como las F-110, está ejecutando en la práctica una compra pública de alta tecnología. Este contrato obliga a Navantia a desarrollar soluciones que no existen, como el concepto de Astillero 4.0 o el gemelo digital de los buques, traccionando a su vez a decenas de pymes tecnológicas y grupos de investigación de la UCA.

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La Compra Pública de Innovación como Vínculo Estratégico

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En Cádiz, la CPI es la fórmula que vincula la necesidad de modernización de sus grandes infraestructuras públicas con las capacidades de su universidad y su tejido empresarial. El agente demandante de innovación más claro en la actualidad es la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA). El puerto no solo necesita comprar grúas o asfalto, sino soluciones innovadoras para su descarbonización (proyectos de hidrógeno verde), la digitalización de la cadena logística (smart port) y la eficiencia energética. Al lanzar estos retos al mercado, la APBA actúa como motor de CPI, incentivando a startups locales y a los institutos de investigación de la UCA (como el de Ingeniería Naval y Oceánica) a desarrollar prototipos y soluciones aplicadas.

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De forma similar, la Zona Franca de Cádiz, como entidad pública promotora de suelo industrial, tiene la capacidad de utilizar la CPI para desarrollar infraestructuras avanzadas, como edificios de energía cero o redes de logística 4.0 para sus empresas. Por tanto, aunque Cádiz carezca de un parque tecnológico que centralice la oferta, utiliza la demanda de sus potentes entidades públicas (Puertos, Navantia, Zona Franca) como principal herramienta para conectar al sector público y privado y forzar la innovación aplicada.

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